Jaime Chuchuca Serrano
10 de abr de 20232 min.
El autor ilustra las contradicciones sociopolíticas en las que Ecuador promulgó el decreto 707 que permite la tenencia de armas. Intereses económicos y una lógica de reducir el gasto público son las principales intenciones señaladas en el texto.
La guerra de Rusia-Ucrania fortaleció a las grandes transnacionales de armas. Los países que se adhieren a la OTAN, tienen como deber adquirir las armas de las empresas angloeuropeas, y deshacerse del material bélico anterior; como los ex países soviéticos. Este armamento desechado llena el mercado ilegal de medio oriente y los conflictos delincuenciales latinoamericanos. De otra parte, las cúpulas militares aprovechan el monopolio de armas del Estado, para oscuros negocios con bandas y grupos criminales. Por donde se mire, la concentración armamentística requiere de una alianza entre el Estado y las transnacionales.
El mercado de las armas, tanto legal e ilegal, es para capitales privilegiados. El arma más sencilla puede costar un salario básico anual ecuatoriano; sin contar permisos, ni municiones. Del presupuesto de seguridad, que integra a militares y policías, el 63,3% en promedio se destina para sueldos y salarios, y el 33,3% para equipos, maquinaria, vehículos, arreglos y armamento. A pesar de la guerra de la cocaína y delincuencial desatada en el país, el gobierno disminuyó la asignación presupuestaria de 1396,9 millones de dólares en 2022, a 1391 millones en 2023; 5,9 millones menos. Sin embargo, según el informe presentado en la Asamblea, hasta noviembre de 2022, solo se había ejecutado el 16,17%. En lo que va de 2023, se ha ejecutado 0%. En los gobiernos de Moreno y Lasso, son notables las disminuciones presupuestarias para la SNAI y las cárceles. La receta neoliberal de los recortes estatales se va cumpliendo a cabalidad, mientras en la sociedad reina la inseguridad.
El Decreto 707 del 1 de abril de 2023, que permite la tenencia y porte de armas, tiene un trasfondo ideológico político: primero, cumple con el axioma neoliberal del dejar hacer y dejar pasar, es decir, que cada quien vigile su seguridad, de acuerdo a la cantidad de dinero que posee, en la demanda y oferta del mercado de armas; contradiciendo a la Constitución que reservaba esta responsabilidad únicamente al Estado. En segundo lugar, en el Decreto se puede leer que su mayor parte está dedicada a las empresas de armas y sus negocios. Sin duda, el mercado de las armas beneficia al gran capital, pero no a quienes tienen que dedicar los pocos dólares que ganan al pan de cada día.