por Jaime Chuchuca Serrano I ECUADOR
El autor ilustra las contradicciones sociopolíticas en las que Ecuador promulgó el decreto 707 que permite la tenencia de armas. Intereses económicos y una lógica de reducir el gasto público son las principales intenciones señaladas en el texto.
La guerra de Rusia-Ucrania fortaleció a las grandes transnacionales de armas. Los países que se adhieren a la OTAN, tienen como deber adquirir las armas de las empresas angloeuropeas, y deshacerse del material bélico anterior; como los ex países soviéticos. Este armamento desechado llena el mercado ilegal de medio oriente y los conflictos delincuenciales latinoamericanos. De otra parte, las cúpulas militares aprovechan el monopolio de armas del Estado, para oscuros negocios con bandas y grupos criminales. Por donde se mire, la concentración armamentística requiere de una alianza entre el Estado y las transnacionales.
El mercado de las armas, tanto legal e ilegal, es para capitales privilegiados. El arma más sencilla puede costar un salario básico anual ecuatoriano; sin contar permisos, ni municiones. Del presupuesto de seguridad, que integra a militares y policías, el 63,3% en promedio se destina para sueldos y salarios, y el 33,3% para equipos, maquinaria, vehículos, arreglos y armamento. A pesar de la guerra de la cocaína y delincuencial desatada en el país, el gobierno disminuyó la asignación presupuestaria de 1396,9 millones de dólares en 2022, a 1391 millones en 2023; 5,9 millones menos. Sin embargo, según el informe presentado en la Asamblea, hasta noviembre de 2022, solo se había ejecutado el 16,17%. En lo que va de 2023, se ha ejecutado 0%. En los gobiernos de Moreno y Lasso, son notables las disminuciones presupuestarias para la SNAI y las cárceles. La receta neoliberal de los recortes estatales se va cumpliendo a cabalidad, mientras en la sociedad reina la inseguridad.
El Decreto 707 del 1 de abril de 2023, que permite la tenencia y porte de armas, tiene un trasfondo ideológico político: primero, cumple con el axioma neoliberal del dejar hacer y dejar pasar, es decir, que cada quien vigile su seguridad, de acuerdo a la cantidad de dinero que posee, en la demanda y oferta del mercado de armas; contradiciendo a la Constitución que reservaba esta responsabilidad únicamente al Estado. En segundo lugar, en el Decreto se puede leer que su mayor parte está dedicada a las empresas de armas y sus negocios. Sin duda, el mercado de las armas beneficia al gran capital, pero no a quienes tienen que dedicar los pocos dólares que ganan al pan de cada día.