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Parece que la irracionalidad se ha apoderado totalmente del gobierno. Envía una Ley humanitaria a la Asamblea Nacional para recortar los salarios de la población durante nueve meses, cuando miles de personas están impagas y siguen siendo despedidas. De modo inconstitucional manifiesta que una comisión de la sociedad civil ,elegida a dedo, manejará estos dineros públicos. ¿Por qué no actuar como otros gobiernos y hacerse cargo del 70% de los ingresos básicos de las economías informales y populares y de las pequeñas empresas quebradas?
El gobierno debe hacer públicos los gastos de la emergencia. Propagandiza que ha entregado dos millones de bonos de sesenta dólares, sin embargo no hay transparencia en la selección de esta población, ni se publican estadísticas confiables. Además, envía una Ley de Ordenamiento Fiscal para subordinar la seguridad social al Ministerio de Economía. En su lugar ¿por qué no crear el aseguramiento universal y consolidar la autonomía de la seguridad social para que no caiga en las manos dilapidadoras de los gobiernos?
Tampoco hay cifras responsables de la entrega de máquinas e insumos médicos. Al contrario, todos los días vemos médicos y personal sanitario protestando, porque no les pagan los sueldos. El personal lleva el heroísmo al extremo gastando de su propio bolsillo para los insumos de protección.
El Ministro de Salud, Jorge Cevallos, escupe que el 60% de la población se contagiará del virus y que fallecerán 102 mil personas. Y con una sintonía terrorífica la Ministra de Gobierno y el Presidente se lavan las manos y llaman a los cantones para que levanten la cuarentena progresivamente. La “nueva normalidad” semafórica del gobierno es la exposición al virus de las clases trabajadoras y medias, lo cual responde a los objetivos económicos de las clases dominantes antes que a la responsabilidad sanitaria.
La única forma conocida hasta el momento para salir de la pandemia (China, Corea del Sur, Nueva Zelanda) es el confinamiento planificado, lo que al mismo tiempo significa que la población confinada deje de producir riqueza económica inmediata, pero que sus necesidades sean satisfechas por el Estado. Otros países como Italia, España y EEUU se saltaron las restricciones y ya conocemos el desastre humanitario desatado. Esperamos que los alcaldes actúen con un poco de sensatez, ya que el gobierno (¿desgobierno?) ha perdido el juicio.