• Jaime Chuchuca Serrano

Sociología de la huelga de hambre en Ecuador


JAIME CHUCHUCA SERRANO

La huelga como forma de lucha ejerce presión por distintos medios, generalmente, ante los capitalistas y el Estado. La huelga de hambre es un singular modo de protesta en la cual los participantes, en su abstinencia voluntaria de ingerir alimentos, causan presión moral y política en la sociedad y el Estado. La huelga de hambre ha sido usada como último recurso en períodos de negación de los derechos legítimos, soberanía, salarios justos, bienestar social. La huelga de hambre deja patentes las expresiones de autoritarismo y la miseria social que provoca el poder.


El huelguista de hambre puede soportar entre sesenta y noventa días, hasta cuando el proceso de inanición y autofagia lo lleva a la muerte. El código de ética médico rechaza la alimentación forzada y pide que cualquier alimentación sea realizada con el consentimiento explícito o implícito de los huelguistas de hambre.


El gobierno de Lasso empezó desarticulando varias movilizaciones y llegando a acuerdos con diversos sectores. Sin embargo, el encarecimiento de la vida, la subida de los combustibles y la disminución de los salarios por la pandemia, hacen que las protestas se sigan organizando.


La huelga de hambre de los maestros tiene por objetivo la vigencia de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) aprobada por la Asamblea que, entre otras reivindicaciones, exige subir los sueldos estancados por una década. Aunque la Unión Nacional de Educadores (UNE), el gremio (hoy sindicato) más fuerte de los profesores, sufrió divisiones, persecuciones y cooptación, en estos días representa la organización con más alto nivel de lucha social ante el gobierno de Lasso.


La presente huelga de hambre causa especial sensación de angustia, ante una Corte Constitucional que parece hacer todo por demorar sus resoluciones. Mientras los huelguistas de hambre al paso de dos decenas de días van deteriorando su salud. La UNE confirma 80 huelguistas de hambre en 11 provincias.


El IESS presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra de la LOEI por la jubilación anticipada de profesores, porque estos podrían jubilarse a los 25 años y sin límite de edad. El IESS dice que si se aplica la LOEI, los ahorros jubilares se acabarían en 10 años y que si no se pone en vigencia la ley, de igual modo, se acabarían en 17 años. Del modo que sea, los ahorros jubilares del IESS están en riesgo y ese no es un problema meramente legal o generado por los aportantes, sino que radica en las pésimas administraciones y los malos gobiernos. Tildar a una Ley de inconstitucional porque exige jubilación digna, salarios justos y derechos educativos es condenar al justo por el pecador. La administración gubernamental debe dejar las cuentas claras; sin corrupción la plata sobra.

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