por FRANCISCO ESCANDÓN GUEVARA
Seis meses después de la posesión de Guillermo Lasso, la reactivación económica prometida no despega. Al contrario, la crisis se generaliza, aumenta el hambre y el desempleo, en tanto el gobierno apresura la marcha para la aplicación plena del credo neoliberal.
El banquero cumple con las exigencias del Fondo Monetario Internacional al condicionar el crecimiento económico a la monetización de los activos del Estado. Para concretar las promesas electorales de generación de empleo y mayores salarios anuncia que se privatizarán minas, campos petroleros, telecomunicaciones, el sistema eléctrico, vial y financiero, etc.
Ese vulgar relato, así como aquel que liga a los servicios públicos como ineficientes, es repetido infinitas veces para catequizar a las masas en los míticos beneficios de la privatización.
Como si se tratara de una venta de garaje, en el evento Ecuador Open for Business, el gobierno subastó, a bajos precios, rentables empresas estatales y otros sectores estratégicos a favor de transnacionales.
Las privatizaciones son un viejo anhelo de las élites gobernantes que carecieron de legitimidad política para imponerlas, incluso es la herencia de la Ley de Incentivos para Asociaciones Públicas-Privadas y la Inversión Extranjera impuesta durante el correísmo.
Lo diferente en la propuesta actual es el nombre de la nueva Secretaría que toma el lugar del viejo Consejo Nacional de Modernización (CONAM), creado durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, y la delegación al grupo económico Nobis para que enajene los bienes públicos a través de su representante Roberto Salas.
Lasso quiere venderlo todo, desposeer al pueblo ecuatoriano de lo que le pertenece, entregar el control del mercado a los monopolios, desregularizar la economía y usar los capitales que se recauden para garantizar el pago de una oprobiosa deuda externa a organismos internacionales y tenedores privados de bonos.
La consigna gubernamental más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador es una traición a la soberanía nacional, una sumisión a millonarios intereses privados, una renuncia a la propiedad pública, una suscripción a los impactos sociales y ambientales que desencadene la aventura del banquero.
Si el régimen insiste en imponer las privatizaciones, la oposición a sus políticas será beligerante y podría ocasionar un estallido social.