por Francisco Escandón Guevara
El vínculo de la policía y las fuerzas armadas con el narcotráfico no es reciente. En otros momentos, los nexos con los delitos transnacionales de estupefacientes ya fueron denunciados y hasta procesados, basta recordar que en el inicio de los noventa del siglo anterior se probó la vinculación de elementos de la oficialidad y también de la tropa con el cartel de los Reyes Magos y hace apenas unos años, en el juicio contra el mismísimo Chapo Guzmán, se vinculó al cartel de Sinaloa con una estructura criminal dentro de las fuerzas del orden ecuatorianas.
La profundización de esos vínculos en el país tiene relación con el reclutamiento y la infiltración de mercenarios de la mafia en las instituciones en cuestión, así como una cooptación progresiva del poder político del Estado y el lavado de dinero sucio en los negocios de los grandes grupos económicos que posteriormente esconden esas fortunas en paraísos fiscales.
Todo mientras los controles estatales son insuficientes. Las acciones de depuración interna del ejército y la policía son fallidas, los órganos de control y justicia son corruptos, la Asamblea Nacional reúsa aprobar una rigurosa ley de extinción de dominio para recuperar los bienes del narcotráfico y el gobierno es endeble al combatir a las mafias.
Así lo testimonia la respuesta tibia ante las últimas revelaciones hechas por el embajador norteamericano, Michael Fitzpatrick. Al régimen de Lasso le importa más el retiro de las visas a una parte de la cúpula policial que la trayectoria del país hacia la constitución de un narco Estado, la relación con los carteles internacionales dejó de ser un hecho aislado.
A ese paso, la crisis carcelaria no tiene salida, la guerra sinfín de las mafias por los territorios continuará y la violencia se potencializará aunque declaren perpetua e inconstitucionalmente estados de emergencia. El problema es estructural y requiere soluciones de esa dimensión, la seguridad del país no puede seguir en manos de una institución a la cual le llueven cuestionamientos y su autoridad está desplomada.
Apremian transformaciones urgentes en la policía y fuerzas armadas, no basta con investigar el patrimonio de las cúpulas y hallar a alguna cabeza de turco para maquillar la autoridad del Estado. Es necesario transmutar la esencia coercitiva, al servicio de los intereses de las élites, que prima en las instituciones, para ello el pueblo debe tomar el poder y marcar independencia de los mismos de siempre.
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