• Luciana Jáuregui Jinés

La disputa por el censo: un dilema estratégico

por Luciana Jáuregui Jinés I BOLIVIA

 

Bolivia atraviesa un conflicto político para determinar la fecha del siguiente censo de población y vivienda. El conflicto, nos explica la autora, es una disputa por la hegemonía de dos proyectos políticos antagónicos: el del partido de gobierno y del movimiento cívico de Santa Cruz.

En el último mes, la realización del Censo en Bolivia se ha constituido en un nuevo episodio de disputa entre el MAS y la oligarquía cruceña. Como se sabe, este conflicto se inscribe dentro de una lucha más amplia por la hegemonía, que se arrastra desde la crisis socioestatal de inicios de siglo y que ha tenido distintos momentos de implosión, tanto en el origen como en el final del gobierno de Evo Morales. Si bien esta contradicción siempre estuvo latente, se suturó durante casi una década gracias a la alianza entre el MAS y un sector de la oligarquía cruceña. La crisis política de 2019 marcó un parteaguas porque significó la ruptura del pacto y el reposicionamiento del ala más radical del bloque cruceño, que apuesta por los intereses a largo plazo del empresariado agroindustrial y, por ende, por un proyecto político propio. Esto, sin duda, erosionó lo capacidad de acción hegemónica del MAS que, si bien ya se desgajaba progresivamente desde adentro, carecía de un antagonista capaz de aglutinar a los distintos sectores de oposición. El Comité Cívico pro Santa Cruz cumplió en 2019 ese papel, al radicalizar a las fuerzas políticas contrarias al MAS, pero sin lograr constituir un bloque hegemónico, mientras que el MAS, al perder a su principal referente de unidad – Evo Morales-, atraviesa actualmente por un momento de fraccionamiento interno. Desde entonces, asistimos a un proceso -no lineal- de desarticulación del bloque indígena nacional popular y de articulación de las múltiples facciones de derecha.


Para entender el conflicto del censo es fundamental enmarcarlo dentro de procesos socioeconómicos, políticos y culturales más amplios. Desde hace varias décadas, el país atraviesa por un proceso de reconfiguración territorial, que posiciona a Santa Cruz como nuevo centro económico. Esto se debe al fortalecimiento de un modelo económico centrado en el agronegocio, que fue históricamente sostenido por la subvención del Estado, la demanda del mercado interno y la migración de occidente. El problema reside en que, desde el arribo del MAS, se produjo una disociación entre el poder económico, concentrado en el agronegocio cruceño, y el poder político, controlado por el MAS y su bloque indígena campesino, lo que les ha permitido a las élites cruceñas construir un discurso regionalista, que amalgama las demandas de reconocimiento y representación política de Santa Cruz con los intereses empresariales. La oligarquía cruceña contrapone un proyecto republicano, neoliberal y blanco mestizo al Estado Plurinacional. Para esto, despliega un discurso de la cruceñidad, que construye su propia “comunidad imaginada” con base a un imaginario de autorrealización y exclusión por parte del Estado central, a la recuperación instrumental de la memoria de los pueblos indígenas de tierras bajas – bajo la figura de camba- y la alteridad con occidente y los collas, ahora representados por el MAS. Esto ha sido efectivo para construir un sentido de pueblo, que desdibuja el modo en que el clivaje región/Estado en realidad se yuxtapone con las disputas étnicas, de clase y de género.


Sin embargo, la especificidad de este momento político es que la disputa por el censo se inscribe dentro de esta contradicción fundamental, de lucha entre la oligarquía y el bloque indígena campesino, pero también dentro de múltiples tensiones secundarias que inciden a nivel general, como la que existe entre el sector cívico y el sector empresarial en la oligarquía cruceña, o la que se juega dentro del MAS, entre distintos núcleos de poder, de base burocrática, cocalera y aymara. Por esto mismo, la lucha dejó de ser meramente dicotómica, dado que se desarrolla, en un juego de alianzas y oposiciones, en el que cada sector busca no sólo debilitar al adversario, sino reposicionarse dentro de su propio bloque de poder. Por un lado, el bloque regional cruceño se encuentra hoy en un dilema estratégico, entre apostar, en el largo plazo, por un horizonte nacional, moderando su proyecto político o aventurarse por un horizonte separatista, más fiel e inmediato, que busca la radicalización hacia adentro. Por el otro lado, el MAS atraviesa por un agotamiento de su proyecto político, que se traduce en un amplio faccionalismo interno por la ocupación del Estado. La fisura entre “continuistas” y “renovadores” es básicamente una lucha por la dirección de un proyecto en declive, antes que un signo de vitalidad por encarnar y articular las tendencias sociales emergentes.


De ese modo, el bloque cruceño encontró en la postergación del censo una oportunidad para rearticularse internamente y para dirimir las diferencias entre distintos liderazgos y orientaciones estratégicas. El discurso de “Censo 2023” se estructuró sobre tres pilares: a) que su aplazamiento constituye otra afrenta del centralismo para postergar el crecimiento de Santa Cruz; b) que su realización supondrá mecánicamente una mejora en las condiciones de vida de la población; y c) que servirá para transparentar, contrastar y modificar el padrón electoral, evidenciando la ilegitimidad de la victoria del MAS en 2020 y allanado un camino propio para las elecciones de 2025. Sin embargo, la posición intransigente y unilateral de “Censo 2023” no se ha podido sostener argumentativamente en la opinión pública, ni mucho menos generar adhesiones sustantivas en el resto del país. De hecho, las fracturas del bloque cruceño se han expuesto reiteradamente, empezando por las tensiones entre la gobernación, los cívicos y la Universidad, dentro del Comité Interinstitucional, hasta la posición oscilante de los representantes de la CAO y la CAINCO. Peor aún, la continuidad de las actividades empresariales y la emergencia de contramovilizaciones populares han debilitado el paro desde adentro, al evidenciar que en Santa Cruz también existen cruceños de primera y de segunda, así como centros y periferias. Una novedad del conflicto es justamente que el discurso de la cruceñidad dejó de ser monolítico y empieza a ser perforando por dentro.


Sin embargo, este fenómeno encumbró las tendencias más radicales del movimiento cruceño, que, alimentadas por el cerco campesino y la intervención policial, azuzaron la figura del “masista” como enemigo externo y la amenaza de la “invasión colla” al departamento. Así se legitimaron las prácticas de disciplinamiento de la Unión Juvenil Cruceñista para sostener el paro y los terribles episodios de violencia racista y clasista, que han derivado en la quema de viviendas de los ayoreos, de la sede de la federación campesina y de la central obrera departamental. La tozudez de continuar con las medidas, incluso después de que se lograra que la redistribución de escaños y de recursos se de en 2024, expuso con claridad que el censo no es el objetivo. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? A primera vista, el radicalismo cruceño podría parecer maximalista en perspectiva nacional. Sin embargo, después de su fracaso en 2020, el ala camachista abandonó su vocación nacional y apuesta un horizonte federalista y, en el mejor de los casos, separatista, que sí puede dirigir en el corto plazo. Para esto tendrá todavía que sortear muchas luchas nacionales como la elección judicial, el pacto fiscal, entre otras, para generar adhesiones cívicas y empresariales que le permitan consolidar su liderazgo interno. Las resoluciones del cabildo de ayer, que oscilaron entre aceptar el censo en 2024 y apuntar por el federalismo, demuestran claramente que el bloque cruceño atraviesa actualmente por un momento de redefinición estratégica. El problema es que el regionalismo, por naturaleza, moviliza una tendencia antinacional, que tiende a favorecer en perspectiva a las tendencias ultraconservadoras.


En el resto del país, pese a los reiterados intentos de sectores medios de posicionar el censo como un problema nacional, la demanda cruceña no se ha podido trasplantar, incluso en departamentos como Potosí, que en otro momento se adscribieron también al federalismo. Esto demuestra que es, en definitiva, el bloque cruceño el que determina la agenda de la oposición nacional y que el resto de fuerzas políticas, organizaciones cívicas, entre otras, carecen de una perspectiva política, al punto en que su antimasismo les hace muchas veces operar a contramano de los intereses de sus regiones. En los hechos, la radicalización de estos sectores no condice con su capacidad efectiva de movilización, lo que denota cómo el antimasismo a ultranza, sin fondo ni profundidad, no tiene posibilidades en occidente. Al final, lo que el conflicto por el censo ratifica es que el único proyecto de oposición al MAS que existe, es el cruceño, pero este carece todavía de una perspectiva nacional. El CONADE, COMCIPO, Comunidad Ciudadana, el Colegio Médico, entre otras han demostrado ser solo sus pivotes, ahora más descolocados frente a la agenda federal. Por esto, el resultado del conflicto por el “CENSO 2023” demuestra que el radicalismo cruceño ha perdido a nivel nacional, pero ha ganado a nivel departamental.


Dicho esto, sería un error creer que este nuevo impulso trunco significó una victoria para el MAS. Este pertido, en proceso de desintegración, ha sido incapaz de sostener una sola línea de acción, entre el núcleo gubernativo, a la cabeza de Arce, y el núcleo partidario a la cabeza de Morales. El gobierno logró descentrar el conflicto de Santa Cruz, trasladando el problema a una mesa técnica e incorporando a las autoridades de todos los niveles autonómicos bajo la consigna de “Censo para todos”. También presionó al empresariado con restricciones a las exportaciones de soya, azúcar y carne. Esto ha sido útil para desinflar las protestas y para neutralizar provisionalmente la influencia de Santa Cruz, sin embargo, insuficiente para socavar los problemas de desorganización y desempeño de las instituciones públicas y sus operadores ante los ojos de la sociedad, mientras que la represión en Santa Cruz lo que ha hecho es cohesionar al movimiento cruceño y fortalecer a su ala radical. La fracción evista, por su parte, en medio de las disputas por el control de la Cámara de Diputados, optó por alimentar el conflicto, denunciando la incapacidad de gestión y la falta de autoridad del gobierno de Arce, lo que, en lugar de sumar simpatías, generó críticas internas por apuntalar indirectamente a Luis Fernando Camacho. Al final, el conflicto desnudó que el gobierno de Arce se sostiene solamente en la estabilidad económica y la cada vez más deteriorada capacidad de gestión y es justamente a esos dos flancos a los que apuntarán desde ahora los dos extremos.


En suma, el conflicto por el censo expone las tendencias del nuevo escenario político, entre una derecha radicalizada, que, pese a su sinuoso camino, preserva capacidad de iniciativa y ocupa una posición ofensiva y una izquierda defensiva, cada vez más fracturada e incapaz de adaptarse al nuevo tiempo. Son los signos de la transición política que hacen que las capacidades articulatorias, propiamente políticas, de un proyecto en declive y de otro en ascenso sean débiles y que, por ende, se diriman todavía por la fuerza. Es probable que la lucha cruceña por el censo en 2023 termine aplacada, pero a todos nos queda claro que los conflictos serán continuos hasta suturar la vacancia hegemónica abierta desde 2019. El modo en que cada bloque logre cabalgar entre las contradicciones externas y las tensiones internas serán decisivas para definir la orientación del proceso político. El dilema del bloque cruceño es cuándo y dónde y el dilema del MAS es qué y con quién. De momento lo que tenemos es una derecha radicalizada, pero atrapada en su regionalismo y una izquierda fraccionada, vigente casi por inercia y presa de su anacronismo.

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