El pasado año, el pueblo chileno acudió a las urnas a votar en el Plebiscito Nacional, donde se decidió que se convocaría a un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución. Los resultados mostraron que una abrumadora mayoría de los votantes (78,28%) estuvo de acuerdo con el proceso constitucional. El próximo mes de abril se realizará una nueva votación, donde se elegirán a los representantes de la Convención Constituyente, un paso hacía este importante proceso. La Fanesca Política entrevistó al investigador Felipe Lagos Rojas para que analice lo que significó el plebiscito y sobre las expectativas del país con una nueva Constitución.
La Fanesca Política (FP): ¿Qué significó el plebiscito para Chile a nivel político y social?
Felipe Lagos Rojas (LR): El plebiscito del 25 de octubre de 2020 significó una estación importantísima en el proceso abierto un año antes con la apertura del ciclo de revueltas en octubre de 2019 y que aún continúa. Se trata del cauce institucional establecido para una de las demandas más transversales de las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019, que es la de una nueva constitución que ponga fin a la vigente e ilegítima constitución promulgada bajo el yugo de una dictadura cívico-militar, por medio de una asamblea constituyente plurinacional. Se debe decir, desde el principio, que el itinerario institucional se aleja muchísimo de la demanda por asamblea constituyente plurinacional que alcanzará a articularse claramente por el movimiento social, pues esta demanda fue cercenada y acomodada a imagen de las fuerzas políticas del régimen constituído, con su acuerdo transversal del 15 de noviembre de 2019 en donde se compromete este itinerario institucional a cambio de un inmediato restablecimiento del orden público.
Entonces, el acuerdo institucional para el cambio constitucional se da en un escenario de incumplimiento de aspectos básicos de la demanda constituyente, partiendo por el hecho de que quienes definen las reglas del juego son los actores del poder constituido y sus actuales incumbentes. En este escenario de enormes restricciones a la participación autónoma de la sociedad civil en el proceso, los pueblos de Chile fueron en masa el 25 de octubre a votar por la opción más democrática a la mano. Por eso 4/5 de los votantes dijeron sí a una nueva constitución por vía de una constitución convencional, con el 100% de los representantes electos para estos fines, desestimando así la opción por una mixtura entre diputados incumbentes y constitucionales. Esa es la gran señal del plebiscito del 25 de octubre: una nueva demostración de la vocación democratizante del movimiento constituyente, en un escenario, repito, de enormes trabas antidemocráticas y en el que la izquierda parlamentaria parece paralizada en cálculos para su propia sobrevivencia, antes que en la profundización democrática del proceso.
(FP): El plebiscito tuvo una alta participación de la población chilena ¿Cómo puede explicar este fenómeno?
LR: Debemos considerar que en Chile la tendencia de los últimos decenios es a una baja sistemática a la participación electoral, llegando no hace mucho a su punto más bajo cerca de un 40% del universo de votantes. En este sentido, el plebiscito del 25 de octubre mostró una regresión en esta tendencia, en tanto votaron alrededor de medio millón de personas más que en la última elección comparable. En el escenario que les describía antes, y considerando además que las campañas para el plebiscito fueron transversalmente criticadas por su superficialidad y falta de propuestas, este aumento ya es un hecho muy significativo.
Pero hay otro elemento importantísimo que es el de un cierto recambio del electorado que fue a votar ese día. Estamos hablando de que parte importante del electorado “antiguo”, que en Chile es el que usualmente va a votar, se quedó en casa, tal vez paralizado por la campaña de la derecha que “rechaza” una nueva constitución, la cual de modo a todas luces contraproducente para sus propios intereses atacó sin cesar el miedo al caos y al desmantelamiento del orden vigente como elemento central de su discurso. Viceversa, el electorado joven parece haber aumentado muchísimo y de modo sostenido en todo el país, lo cual nos habla de un momento de subetivación y activación política muy intenso y que, sin reducirse a sus instancias electorales, las va a determinar de modo importante en el futuro cercano.
(FP): Desde el 2019, Chile ha visto protestas de diferentes sectores de la población que algunos medios y analistas llamaron la “primavera chilena”. ¿Hay alguna relación entre estas protestas, el plebiscito y la futura Convención Constitucional?
LR: Como comentaba en la primera pregunta, las revueltas que “estallaron” (para usar la metáfora corriente) en octubre de 2019 son el antecedente directo del proceso constitucional vigente y siguen determinándolo en su desarrollo. Las revueltas mismas no nacen en 2019, son a su vez resultado de un ciclo de luchas que viene desde mediados de la década del dos mil y que han atacado progresiva y sostenidamente los fundamentos neoliberales del capitalismo chileno. Revueltas en sectores clave como son la educación secundaria y universitaria, de trabajadores subcontratistas, de defensores de la vida y el territorio, de comunidades indígenas y criollas contra el extractivismo y la depredación del ecosistema, junto al decisivo catalizador que han sido las revueltas feministas desde 2018 en adelante, son todas fuentes de las que bebe el actual ciclo de revueltas.
En ese sentido se podría decir que octubre del 2019 vino a intensificar o radicalizar una dinámica de revueltas que ya se venía dando, más que a crearla o instalarla. Pero esa intensificación en sí misma abre un ciclo nuevo y que aún no acaba: si bien se ha visto en cierto modo aplacado, primero por el arreglo político institucional para canalizar la enorme cantidad de demandas en un proceso constituyente totalmente incierto, y después por la declaración de la pandemia y el aprovechamiento que el gobierno hiciera de esta situación para declarar un estado de emergencia permanente y asegurar de ese modo el fin del mandato de Piñera. La expresión más clara de que el ciclo de revueltas no se ha acabado es este mismo hecho: todos sabemos que Piñera no podría terminar su mandato en condiciones normales, sin estado de excepción, y en este aspecto la izquierda ha jugado un papel lamentable como oposición.
(FP): ¿Es suficiente una nueva Constitución para transformar el Estado chileno? ¿Cuáles son los temas críticos que deberían discutirse en la Convención Constitucional?
LR: La primera es de hecho una de las preguntas cruciales en la actualidad para las fuerzas de izquierda transformadora: ¿cuánta energía política poner en el proceso constituyente? La respuesta a esta pregunta está dada por la importancia que se le de a la batalla constitucional para el objetivo de transformar el estado de Chile. Es muy difícil ser optimista en este punto, con todos los amarres que el poder constituido ha puesto al poder constituyente. Pero creo que no es muy arriesgado decir que la importancia de esta batalla estará dada por la capacidad del movimiento social de presionar por la total democratización del proceso.
Un ejemplo está dado por las reglas que organizan la electibilidad de las candidaturas: el acuerdo institucional privilegió a los actores políticos constituidos del régimen vigente, poniendo infinitas trabas a candidaturas y listas independientes, y privilegiando entre estas alternativas a aquellas que son de hecho menos autónomas de esas mismas fuerzas políticas. Y sin embargo, aún en momento de pandemia, cuarentena y estado de excepción, el apoyo ciudadano para la inscripción de listas y candidaturas independientes, expresado en patrocinios y en recursos, fue nuevamente sorprendente.
Y hoy, a menos de dos meses de la elección de constituyentes, circula información que dice que alrededor del 40% de la población se orienta a apoyar candidaturas independientes. El hecho de que el sistema castigue la dispersión de votos otorga una ventaja decisiva a las maquinarias partidarias, por lo que aun cuando se traduzca en voto efectivo, esa tendencia no asegura mucho, pero es otra manifestación de la voluntad democratizante del movimiento constituyente.
Respecto de la pregunta por los temas centrales, espero que la discusión constitucional permita la democratización efectiva del régimen político chileno, lo que significa proyectar un sistema de gobierno en el que la participación y representación popular sea garantizada y promovida. Esto en el plano de la discusión llamada orgánica de las constituciones, donde se juega el ejercicio del poder. Ha sucedido en otras experiencias latinoamericanas que la discusión sobre los derechos y garantías constitucionales se toma la agenda, y se termina por descuidar las definiciones sobre la participación y redistribución de la capacidad política de decisión. Pero en Chile esto ha venido tomando la peligrosa forma de una voz hegemónica y pretendidamente unitaria (de nuevo, desde los partidos del régimen) acerca de una “constitución mínima”, que establezca ciertos principios básicos de regulación y que deje las materias sustantivas en manos de la contienda política contingente. Creo que en Chile este dispositivo de “constitución mínima” combina los miedos de la derecha a un estado social de derechos y de la izquierda a no alcanzar los quórums para proponer algo más sustantivo en este sentido.
Pero existe esperanza en que la convención constitucional, apuntalada (y en cierto sentido infiltrada) por la movilización social popular, logre avanzar en discusiones decisivas para revertir décadas de gobierno despiadado de la fuerza neoliberalizante del capital. El derecho a la ciudad y a educación, salud y pensiones de calidad, la adaptación al la catástrofe climática, las autonomías territoriales, regionales y (pluri)nacionales, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la justicia de género y el reconocimiento pleno de disidencias sexuales, el rol de las policías y las funciones de vigilancia y castigo, todos esos son terrenos en los que se han venido desarrollando experiencias y capacidades en el ejercicio de la soberanía de las comunidades sobre sus el territorios. Por supuesto se trata de esfuerzos todavía muy parciales, fragmentados y también desgastados, pero que siguen dando muestras de vitalidad y decisión, y que si logran intervenir en la discusión constitucional, pueden llegar a ser vehículos de rearticulación y dinamización de las luchas generales de los pueblos de Chile.
Felipe Lagos Rojas es investigador del International Institute for Philosophy and Social Studies (IPPSS) y coordinador del programa Críticas Latinoamericanas. Editor general de Pléyade. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales.