por Mario S. Portugal Ramírez
Imagen: periodicobolivia.com.bo
La pandemia de COVID-19 ha generado el uso y abuso de un lenguaje militar entre varios medios de comunicación, el gobierno y las fuerzas del orden. Policías, militares y políticos continuamente hacen declaraciones donde aluden al “enemigo invisible” y a la “guerra” que estaríamos librando los bolivianos. Nos hablan de las “batallas” del personal médico, mientras se nos pide “sacrificios” si queremos vencer al enemigo, lo que significa “acatar” las medidas y tener “disciplina”.
El uso constante de esta terminología solo puede obedecer a una estrategia estatal para crear un esprit de corps en una ciudadanía confinada, cuya moral está por los suelos después de casi dos meses de cuarentena. Después de todo, no existe evidencia alguna que demuestre que el coronavirus tenga cierto grado de inteligencia, al menos el suficiente como para declarar la guerra a la humanidad y en particular a nuestras autoridades. No estamos en guerra contra el COVID-19, porque sencillamente este no está en guerra con nadie; solo se reproduce siguiendo su función biológica como muchos otros organismos vivos.
Ante la falta de un enemigo real, los promotores de la supuesta “guerra” necesitan crear adversarios para justificar el despliegue de la parafernalia castrense. Lamentablemente, el gobierno está convirtiendo a los bolivianos en sus antagonistas durante esta crisis sanitaria. El ciudadano que ose romper la cuarentena se convierte en el enemigo, a pesar de hacerlo porque necesita trabajar para no morir de hambre o porque sencillamente desea expresar su inconformidad con la situación.
Las últimas acciones del gobierno parecen confirmarlo: ¿Cómo contribuye a mitigar las infecciones un desfile militar, como los realizados en Cochabamba y La Paz el pasado 9 de mayo? ¿Cómo baja los contagios el “ciberpatrullaje” que supuestamente evita la difusión de noticias falsas sobre COVID-19? La pandemia de COVID -19 requiere una solución sanitaria, no una estrategia militar.
Mientras tanto, lo que ocurre en el país es bastante desalentador. El personal médico no cuenta con los elementos mínimos de bioseguridad para realizar su trabajo, arriesgando su vida a diario. La población es acusada de atentar contra la salud cuando ejerce su legítimo derecho a la protesta, mientras mira con incertidumbre que no hay medidas claras para mitigar el desempleo y la pobreza que surgirán luego de la cuarentena. Si es que en verdad estamos en una “guerra”, parece que ya la hemos perdido.